Entrevista a Jazmín Beirak: “Los derechos culturales deben consolidarse como marco de acción pública”

Hablamos con Jazmín Beirak, directora general de Derechos Culturales en el Ministerio de Cultura, en el marco del proyecto Dame 1 Minuto De, impulsado por UN Etxea, que en esta edición pone el foco en los derechos culturales.

Historiadora del arte, autora del ensayo Cultura ingobernable (Ariel, 2022) y referente en el pensamiento crítico sobre políticas culturales, Jazmín Beirak lidera desde 2024 una Dirección General pionera en el Estado, nacida para situar a la ciudadanía en el centro de la acción cultural como sujeto de derechos. En esta entrevista que nos concede a UN Etxea reflexiona sobre los avances y desafíos del Plan de Derechos Culturales 2025-2030, el papel del audiovisual como herramienta de transformación social y la necesidad de garantizar el acceso, la participación y la creación cultural en condiciones de igualdad en todos los territorios.

Han pasado casi dos años desde que asumió la Dirección General de Derechos Culturales, ¿qué balance hace de este tiempo?

La creación de esta Dirección General es, en buena medida, la cristalización de un trabajo colectivo que, desde hace años, se viene articulando desde ámbitos muy distintos como la gestión, la creación, el activismo, lo jurídico o lo académico. Nuestro trabajo ha sido convertir ese impulso en política pública, en un marco de acción coherente y en medidas concretas. En ese sentido, han sido casi dos años de muchísimo trabajo y, sobre todo, de mucho aprendizaje. Mientras empezábamos a impulsar la elaboración del Plan y otras acciones, tuvimos que ir dando forma a la propia estructura de la Dirección General. Ha sido un reto hacer dos cosas a la vez, echar a andar y, al mismo tiempo, asegurar un suelo que aguante.

El balance general es bueno porque, en lo esencial, hemos cumplido los objetivos que nos habíamos marcado. Queríamos tener el Plan de Derechos Culturales, pero no solo como documento, sino también haber podido empezar a impulsar algunas de las acciones que contiene. La idea era cerrar el año pasado con una agenda ya en marcha. Y eso ha sido posible, sobre todo, gracias al trabajo del equipo de la Dirección General, que es estupendo.

Por otro lado, en lo personal, ha sido una verdadera oportunidad poder diseñar desde cero unas líneas estratégicas, con toda la dificultad que conlleva, pero también con la libertad que supone. Ha traído aprendizajes muy concretos y, claro, los errores inevitables de las primeras veces. Supongo que una sabe que algo le apasiona cuando incluso las dificultades, de cierto modo, se disfrutan, porque también se aprende de ellas.

Queda muchísimo por hacer, pero creo que hoy estamos en un punto más sólido en materia de derechos culturales en España. Y algo que me alegra especialmente es que este trabajo está en diálogo con otros lugares, como América Latina que es una referencia en derechos culturales o en Europa.

Las políticas culturales recientes colocan a la ciudadanía en el centro como sujeto de derechos. ¿Cómo traduce el Plan de Derechos Culturales 2025-2030 esa mirada (de público consumidor a participante activo) en medidas concretas? ¿Qué cambios de gobernanza, mediación y educación cultural contempla para que cualquier persona cree, decida y disfrute la cultura en igualdad de condiciones?

Ese cambio en el lugar que ocupan las personas en relación con la cultura es, en el fondo, una de las claves de la perspectiva de derechos culturales. Tanto la Declaración Universal de Derechos Humanos como el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales reconocen el derecho a la cultura como el derecho a “tomar parte” o “participar” en la vida cultural.

Y esto es importante porque “vida cultural” y “tomar parte” nos llevan a una noción amplia de cultura, que va mucho más allá del acceso a bienes o servicios. No se trata solo de consumir un producto o asistir a un espectáculo, sino también de desarrollar capacidades expresivas y artísticas, cuidar y transmitir un acervo, usar la lengua, conocer y transformar tradiciones, participar en la educación artística y en la cultura comunitaria, impulsar proyectos culturales y tomar parte en las decisiones públicas. Por eso hablamos de derechos culturales en plural, y de reconocer a la ciudadanía como sujeto de derechos con oportunidades reales de acceso, participación y decisión.

Ese enfoque se despliega con especial intensidad en el Bloque 1 del Plan, “Garantizar la democracia cultural”. Ahí nos proponemos, por un lado, eliminar barreras de acceso y corregir desigualdades estructurales para que todas las personas puedan desarrollar su vida cultural en condiciones de igualdad. De ahí medidas como la ampliación de descuentos en equipamientos del Ministerio, el programa ya en marcha en el ámbito penitenciario, o el estudio sobre desigualdad en la participación cultural. Pero democracia cultural no es solo reducir barreras. También es fomentar la participación activa y fortalecer la diversidad de prácticas culturales. En esa línea se enmarca la convocatoria de ayudas a proyectos con especial impacto social, para impulsar la cultura como herramienta de transformación social, convocada ya en 2025 y concedida a 58 proyectos en todo el territorio.

En cuanto a la educación y la mediación cultural son ámbitos esenciales para garantizar los derechos culturales. Reforzar el vínculo entre cultura y educación es una condición para construir una ciudadanía activa, crítica y capaz de imaginar futuros compartidos. Y la mediación cultural cumple un papel clave en la democratización de la cultura, porque promueve la participación, la equidad y la conexión entre instituciones, territorios y comunidades. En este sentido, el Plan lo concreta con transferencias a las comunidades autónomas para proyectos de Arte en la Escuela, formación al profesorado, el programa Cine Escuela, el impulso al reconocimiento del perfil profesional de la mediación cultural y el fortalecimiento de su tejido organizativo.

Finalmente, la gobernanza, como comentabas, exige nuevos modelos y ampliar los espacios y canales a través de los cuales se toman las decisiones públicas en cultura. Se trata de reconocer a la sociedad y al tejido cultural como interlocutores en el diseño, la implementación y la evaluación de las políticas. Por eso el Plan plantea una gobernanza participativa con una comisión de participación, un foro anual de derechos culturales, un dispositivo deliberativo ciudadano por sorteo en fases intermedia y final, y plataformas digitales abiertas.

La brecha entre grandes ciudades y medio rural persiste. ¿Qué palancas incorpora el Plan para asegurar acceso y participación cultural en todos los territorios (desde redes de cooperación y programación en municipios pequeños hasta incentivos y apoyos específicos), y cómo se medirá su impacto real en comunidades rurales?

La cuestión del territorio es otro de los ejes centrales del Plan. Se aborda especialmente en el segundo bloque, dedicado a responder a los retos contemporáneos desde la cultura. Y ahí se concreta muy bien uno de los principios que rigen todo el Plan, que es la transversalidad. Porque la cultura no es un compartimento estanco. Tiene que ver con muchas otras áreas y, además, puede aportar soluciones y generar impactos positivos en ámbitos muy diversos.

Esto lo vemos con claridad en educación, en salud o en la respuesta al cambio climático, y también en el territorio. En este caso, diría que hay dos sentidos principales. Por un lado, garantizar la participación cultural con independencia de dónde se viva. Históricamente, las zonas rurales, periurbanas y los territorios en riesgo de despoblación han quedado fuera del alcance de muchas políticas culturales públicas. Eso ha tenido consecuencias muy concretas, tanto en los recursos culturales disponibles para sus habitantes como en el reconocimiento de sus prácticas. Y no es razonable que el ejercicio de los derechos culturales dependa del lugar en el que naces, vives o de tu capacidad de desplazarte. Por eso el Plan incorpora una mirada de equidad territorial muy explícita, con una apuesta por la descentralización efectiva y por consolidar redes locales.

Y, por otro lado, la cultura también es clave para las políticas contra la despoblación. Sabemos que es uno de los factores que favorecen el arraigo y la vinculación con el territorio. En este eje hemos trabajado de manera estrecha con el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, aportando datos culturales al Observatorio de Equidad Territorial e integrando los derechos culturales en instrumentos de planificación y gobernanza del territorio. En concreto, se incorporará un eje específico de cultura en la Estrategia de Equidad Territorial y Reto Demográfico que pondrá en marcha el Ministerio, junto con el Plan de Acción Estatal “País de los treinta minutos”.

Desde la Dirección General hemos puesto en marcha transferencias a las comunidades autónomas para proyectos en el ámbito rural y una línea de ayudas para iniciativas de cooperación en territorios rurales, convocada en 2025, orientada a fortalecer el tejido sociocultural en estos contextos. Además, estamos terminando de ajustar un proyecto para facilitar el acceso colectivo a proyecciones cinematográficas en municipios pequeños y territorios despoblados, del que podremos dar más detalles más adelante. En cuanto al impacto, contamos con el estudio piloto “Claves e impactos de la cultura en el medio rural”, que demuestra que la cultura refuerza cohesión social, identidad y bienestar, activa economías locales, contribuye a fijar población y genera innovación comunitaria.

¿Qué medidas se están impulsando desde la Dirección para dignificar las condiciones laborales de profesionales de las artes y la cultura y consolidar el Estatuto del Artista?

Dignificar las condiciones laborales en la cultura y consolidar el Estatuto del Artista es, para nosotras, una prioridad. Porque defender los derechos culturales es defender también los derechos de las personas que trabajan en la cultura. En legislaturas anteriores se dieron pasos en el Estatuto del Artista con la creación de la Comisión Interministerial, el Real Decreto que actualizó la relación laboral especial, o la prestación por desempleo adaptada a la intermitencia. En esta legislatura hemos seguido avanzando en dos ámbitos clave. En educación, se ha aprobado la Ley de Enseñanzas Artísticas Superiores y Profesionales, que equipara, a todos los efectos, los títulos superiores artísticos con los universitarios, además de establecer equivalencias con la Formación Profesional en las enseñanzas profesionales. En paralelo, en formación profesional se está desdoblando la formación técnica de espectáculos en vivo y la del sector audiovisual, con nuevas titulaciones. Y en el plano fiscal, se ha impulsado una reforma del IRPF que adapta el tratamiento de rentas irregulares a la intermitencia del trabajo cultural. Queda mucho camino por recorrer y no es un camino sencillo. Vamos a tener que seguir defendiendo las especificidades del trabajo cultural, pero ese es, sin duda, un compromiso del Ministerio de Cultura.

El audiovisual es clave para generar empatía, visibilizar vulneraciones y activar conversación pública. Así lo creemos e impulsamos en UN Etxea con el Certamen Audiovisual Dame 1 Minuto De que este año dedicamos a los derechos culturales ¿Qué estrategias contempla el Plan para potenciar el audiovisual, también como herramienta para la transformación social?

Es cierto que el Plan, deliberadamente, no tiene una aproximación sectorial. Nuestra misión no es tanto ordenar cada disciplina por separado, sino poner en el centro el derecho de la ciudadanía a participar en la vida cultural y a desarrollar su propia relación con la cultura. Dicho eso, eso no significa que el audiovisual no esté presente, de hecho, aparece en distintas medidas del Plan.

Por ejemplo, el proyecto de cine en el medio rural, que antes comentaba, para facilitar el acceso colectivo a proyecciones en municipios pequeños. También está el programa Cine Escuela, impulsado por el ICAA, que busca acercar el cine al alumnado con proyecciones, materiales didácticos y actividades que fomentan la alfabetización audiovisual y el conocimiento del lenguaje cinematográfico. O el Día del Cine Español Extendido, pensado para que llegue también a zonas rurales.

Además, en la convocatoria de ayudas a proyectos culturales con especial impacto social, aunque no tiene un planteamiento sectorial, caben perfectamente propuestas audiovisuales con ese enfoque de transformación social que mencionas, porque creemos que el cine y el audiovisual pueden ser herramientas muy potentes para activar comunidad y generar cambio.

Para finalizar, si miramos a 2030, ¿cuáles serían tres logros que señalarían un avance incuestionable en derechos culturales en España?

Es una pregunta difícil esta. Diría que, desde lo institucional, sería que los derechos culturales se hubieran consolidado de verdad como marco de acción pública. Que la cultura no se piense solo desde lo patrimonial o lo sectorial, sino también como derecho, y que eso ordene de forma mucho más nítida las prioridades de la política cultural y la distribución de recursos. Que cuando se decida dónde invertir, qué impulsar o qué sostener, la pregunta de fondo sea siempre cómo garantizamos el derecho de la ciudadanía a participar en la vida cultural en igualdad de condiciones. En cuanto a la percepción social, que hubiera una apropiación del campo cultural. Que la cultura no se sintiera como algo ajeno, reservado, sino como algo que forma parte de la vida de cualquiera. Y, en relación con esto, que existiera un tejido cívico-cultural vivo y activo, no solo profesionalizado. Espacios comunitarios, redes, asociaciones, grupos, proyectos pequeños y medianos que sostienen vida cultural todo el año y que permiten hablar de una verdadera ciudadanía cultural. Que la cultura estuviera mucho más integrada en la escuela, en la salud, en lo social. Que se multipliquen las oportunidades de participación, de creación y de encuentro, y que la cultura se entienda, cada vez más, como parte de cómo cuidamos y fortalecemos lo común.

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Entrevista realizada por Garazi Macho, Máster en Derechos Humanos, Paz y Desarrollo Sostenible por la Universitat de València y Begoña Guzmán, responsable de Cultura de UN Etxea.

Fotografía portada: Ministerio de Cultura.