Guantánamo australiano

Australia es un país de inmigrantes. Al menos así lo dicen las estadísticas demográficas. La mayoría de su población es descendiente de inmigrantes, principalmente provenientes del continente europeo, que llegaron a tierras aussies en busca de un futuro mejor. El censo de 2011 ofrecía datos reveladores. Solo el 2,5% de la población australiana es aborigen, mientras que el 24,6% de los australianos habría nacido en otro lugar y el 46% tendría al menos un progenitor nacido fuera de Australia. Sin embargo, un país que podría considerarse buen destino para personas migrantes y refugiadas por su buena calidad de vida y su baja densidad de población, tiene una regulación realmente estricta en materia migratoria. Cuenta con campos de detención para solicitantes de asilo interceptadas cerca de las costas australianas que están situados fuera de su territorio. Son dos islas, Manus en Papúa Nueva Guinea y Nauru, también conocidas como los “Guantánamo australianos”. En la actualidad, en torno a 1200 personas malviven en estos campos de detención.

La historia de las normativas migratorias estrictas del país oceánico no es reciente. Durante décadas se guió por la doctrina White Australia diseñada para dificultar la entrada de personas no europeas, principalmente de Asia y las islas del Pacífico. Aunque esta doctrina nunca se formuló explícitamente, el conjunto de normas que englobaba estuvo vigente desde inicios del siglo XX hasta 1973, año en el que se logro derogar esta política discriminatoria. Los campos de detención en islas, son una práctica reciente. Fue en 2001 cuando Australia diseñó lo que denominó como Pacific Solution. Debido a la polémica que suscitaba la utilización de estas islas prisión, el plan fue suspendido en 2007. La suspensión duró poco, el programa entraba otra vez en funcionamiento tan sólo un año después, y la vuelta de los Liberales al Gobierno recrudeció el discurso anti inmigración.

Ambos centros de detención tienen un largo historial en la vulneración de derechos humanos. Las personas solicitantes de asilo son retenidas durante años antes de que se decida sobre su destino. Legalmente, la estancia en estos centros es indefinida, no saben cuánto tiempo seguirán encerradas. A mediados de año se contabilizaron 442 personas (388 hombres, 55 mujeres y 49 niñas y niños) en centro de Nauru, y 854 hombres en Manus. En el caso de la última quiénes finalmente obtienen el asilo no podrán residir en Australia sino que solo podrán hacerlo en Papúa. Además, las condiciones de vida en uno y otro campo son paupérrimas, y la violencia, los abusos y los intentos de suicidio son una constante, en especial en el caso del centro de Nauru. Entre 2013 y 2015, se documentaron 225 incidentes de asalto a menores, cometidos por el personal de seguridad, y 335 casos de autolesión.

Mientras que el Tribunal Supremo de Papúa Nueva Guinea declaraba que el centro de Manus iba en contra de su constitución y, en agosto de este mismo año, se anunciara el cierre del centro una vez se realojase a las personas allí retenidas (un reasentamiento que apenas ha avanzado y no hay garantías de que vaya a suceder), el futuro del centro de Nauru no está tan claro debido al interés del propio país. El centro genera puestos de trabajo y permite estrechar vínculos con Australia, que aporta fondos de ayuda vitales para su economía. En la República de Nauru apenas viven 10.000 personas y el 90% están desempleadas, esta necesidad les lleva a pasar por alto el sufrimiento de las personas internadas en el centro de detención.

Australia, como firmante de la convención de personas refugiadas de Naciones Unidas, está obligada a ofrecer protección a aquellas personas que llegan a sus costas. En cambio, el Gobierno sigue optando por trasladarles directamente a estas islas. Una práctica a la que no está dispuesto a renunciar como demuestra el acuerdo firmado con Camboya que le permitiría abrir un nuevo centro si así lo estima oportuno.

Beñat Gutiérrez